Herramienta de Evaluación 9

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Evaluación del marco político, legal y reglamentario

Objetivo

Esta herramienta se ha diseñado para orientar a la Organización de Empleadores en el proceso de evaluación del marco político, legal y reglamentario para el desarrollo de empresas sostenibles.

Cómo utilizar esta herramienta

Esta Herramienta de Evaluación está diseñada para el uso de las OE. Es una guía ilustrativa. Será de gran utilidad para orientar a los empleadores y especialistas en desarrollo empresarial, quienes llevarán a cabo el proceso de evaluación con la OE, y entre otros actores.

Introducción

El marco político, legal y reglamentario es un elemento clave del entorno propicio para las empresas sostenibles (EPES). Abarca el conjunto de políticas, leyes y reglamentos que afectan a las empresas y las decisiones comerciales. El marco político, legal y reglamentario es un elemento que pertenece al llamado "entorno empresarial", que es un subconjunto del clima de inversión general.
Véase a continuación el Casillero 1.

Casillero N° 1: El entorno empresarial
Clima de Inversión Nacional
Derechos y Libertades Constitucionales • Estado de Derecho • Estabilidad Política y Macroeconómica • Mercados Libres
Entorno Empresarial Nacional
Marco Político, Legal y Reglamentario • Sistemas Administrativos • Planes Organizativos Nacionales
Entornos Empresariales Locales Entornos Empresariales Sectoriales
Fuente: Donor Committee for Enterprise Development: Donor guidance for business environment reform (Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial: Guía de donantes para la reforma del entorno empresarial), 2008.


Los tres subcomponentes del entorno empresarial nacional están compuestos por:

  1. El marco político, legal y reglamentario: Este punto trata sobre la variedad de políticas, leyes y reglamentos que repercuten en los propietarios de las empresas.
  2. Los sistemas administrativos: Se refiere a las maneras en las cuales se aplican las políticas, leyes y reglamentos, e incluye temas como la gobernanza (gobernanza pública y privada, corrupción, etc.).
  3. Los planes organizativos nacionales: Se refiere a las formas mediante las cuales el gobierno y las empresas ejercen su representación y se comunican mutuamente, e incluye los temas del diálogo social así como del diálogo público-privado.

El marco político, legal y reglamentario proporciona los medios por los cuales el gobierno puede dirigir la economía, con la finalidad de lograr resultados sociales y económicos sostenibles. El gobierno desarrolla políticas, leyes y reglamentos para alcanzar el propósito deseado. De esta manera, el marco político, legal y reglamentario protege y apoya a las empresas privadas, proporcionando el espacio legal que necesitan para dirigir sus negocios. Éstas están protegidas físicamente contra la conducta ilegal de otras personas (por ejemplo, robo, confiscación ilegal de la propiedad), pero también están protegidas legalmente (por ejemplo, protección contra la competencia desleal). Sin embargo, un ambiente propicio puede ampliar estas funciones, tal como la provisión de incentivos para fomentar la iniciativa empresarial y la generación de empleos entre las pequeñas empresas.

Con la finalidad de controlar y el deseo de administrar, algunos gobiernos y sus autoridades pueden exagerar sus acciones. Ellos pueden crear un marco político, legal y reglamentario cuyo efecto sea reducir la capacidad que tienen las empresas privadas para crecer y desarrollarse.

La ilustración de la siguiente página muestra las tres capas de actividades del gobierno que determinan el marco político, legal y reglamentario.
La primera capa, las políticas y leyes, establece la orientación y las intenciones del gobierno. Estas leyes respaldan los esfuerzos de desarrollo y ejercen influencia en el rol que desempeña el sector empresarial en las economías locales, provinciales y nacionales. Las políticas y leyes proveen la justificación del programa y las medidas reglamentarias. También pueden establecer un clima económico estable, donde el estado de derecho promueva negociaciones transparentes y aplicables entre el gobierno y las empresas, así como transacciones comerciales en el sector privado.

La segunda capa está relacionada con los reglamentos. Estos son los medios por los cuales se implementan las políticas y las leyes. Los reglamentos representan las "herramientas" que se utilizan para promulgar dichas políticas y la legislación.
La tercera capa de actividades es la de administración. Ésta trata sobre las formas en las cuales se aplican, administran y controlan las políticas, leyes y reglamentos. Mientras estas tres capas de actividades gubernamentales son importantes e independientes en su propio derecho, se debe tener presente que están relacionadas entre sí.

El marco político, legal y reglamentario en el cual funcionan las empresas puede verse afectado por factores que se han diseñado deliberadamente con ese propósito. Sin embargo, también puede ser influenciado por factores que no constituían el principal propósito deseado.  La figura anterior ilustra este punto. Muestra hasta qué medida cada una de las tres diferentes capas del marco político, legal y reglamentario contiene factores que son específicos o no específicos con relación a las empresas. Mientras se diseñan formas específicas teniendo en cuenta a las empresas privadas, sucede lo contrario con las formas no específicas, a pesar de que también pueden afectar las operaciones de una empresa. El marco político, legal y reglamentario puede posibilitar o fomentar la actividad empresarial, puede limitar otros tipos de actividad empresarial, o impedir las actividades que dañen a los trabajadores, a la sociedad o al entorno natural. De este modo, las leyes, reglamentos y mecanismos administrativos pueden posibilitar y pueden restringir. Éstos pueden hacerlo de forma intencional, a través de medidas específicas, o involuntariamente, a través de medidas no específicas.

 

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Evaluación del marco político, legal y reglamentario para el desarrollo de empresas sostenibles

Los siguientes pasos proporcionan un enfoque a fin de evaluar el marco político, legal y reglamentario para el desarrollo de empresas sostenibles.